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Santiago, Chile
El gobierno de Chile confirmó el miércoles que la capital Santiago será sede de la final de la Copa Libertadores de fútbol, a pesar de las masivas protestas por mejoras sociales que vive a diario el país sudamericano.
El partido entre River Plate de Argentina y Flamengo de Brasil está programado para el 23 de noviembre en el estadio Nacional.
La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, informó que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ratifica “su firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en el país”.
El anuncio de Pérez fue hecho horas después que el gobierno canceló dos cumbres internacionales que se iban a celebrar en noviembre y diciembre.
Pérez añadió que se realizan las coordinaciones en materia de seguridad para llevar a cabo el partido.
Se trata de la primera vez que el máximo torneo de clubes de Sudamérica se define a un solo partido en una sede prestablecida, archivando el tradicional formato de series a ida y vuelta. El objetivo de la CONMEBOL es seguir el ejemplo de la Liga de Campeones de Europa.
Pero la gravedad de la crisis en Chile despertó conjeturas sobre cambiar una sede que fue asignada hace más de un año.
Temprano el miércoles, el gobierno chileno anunció la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y del cambio climático.
En su cuenta de Twitter, la CONMEBOL expresó su agradecimiento al gobierno de Chile por el “compromiso mostrado” para garantizar las condiciones de seguridad para la final.
Chile vive una fuerte efervescencia social desde hace 13 días, tras revueltas que destruyeron el subterráneo de la ciudad y grandes comercios, que derivaron en multitudinarias manifestaciones — que el 25 de octubre congregaron a 1,2 millones de personas — en demanda de mejoras en pensiones, salarios, bajas en los medicamentos, tarifas de servicios, peajes, y mejoras estructurales en los sistemas privados y públicos de educación y salud. También se exige una nueva Constitución.
Piñera cambió su gabinete y desplegó una agenda social que incluye pequeños incrementos en las pensiones de los más pobres y en el salario mínimo, rebajas en los precios de medicamentos y de la electricidad, más impuestos a los que ganen más de 11.000 dólares mensuales y una disminución de los salarios de los parlamentarios, que oscilan entre los 27.000 y 44.000 dólares al mes.
La respuesta de Piñera no ha logrado, de momento, calmar la tensión social en Chile.
